Estamos en esa época del año otra vez. En la mayoría de los estados, la temporada de inscripción abierta de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) para los planes de salud comienza el 1 de noviembre y dura hasta el 15 de enero.

Los consumidores que no actualicen su información o seleccionen una alternativa serán automáticamente reinscriptos en su plan actual o, si ese plan ya no está disponible, en uno con cobertura similar.

El año pasado se registró un récord de inscripciones, con unas 21 millones de personas. Esta vez, los consumidores descubrirán que han cambiado algunas cosas.

No seas víctima de estafas publicitarias

Aunque algunos planes de salud ofrecen tarjetas de regalo de poco valor u otros incentivos para fomentar la participación en iniciativas de bienestar, nunca ofrecerían tarjetas en efectivo por valor de miles de dólares al mes para ayudar a pagar las compras, la gasolina o el alquiler. Aun así, las redes sociales y los sitios web están plagados de promesas de este tipo.

Según una demanda presentada en Florida, este tipo de anuncios es una de las vías supuestamente utilizadas por corredores sin escrúpulos que inscriben o cambian de plan sin el permiso expreso de los consumidores.

Además, hay que tener cuidado con los sitios de internet que utilizamos para buscar cobertura.

Si escribes “Obamacare” o “seguro médico barato” en un buscador, a menudo, lo que aparece en primer lugar son sitios web patrocinados por el sector privado no afiliados a los mercados federales o estatales oficiales para la cobertura de ACA.

Aunque intenten parecer oficiales, no lo son. Muchos de estos sitios ofrecen varias opciones, incluida cobertura que no es de ACA con beneficios limitados, según descubrió en 2023 un studio de “comprador secreto”. Con estas coberturas no se pueden obtener subsidios federales para ayudar a los consumidores a pagar las primas.

La letra chica de algunos sitios web dice que los consumidores que facilitan información personal consienten automáticamente que agentes de ventas se pongan en contacto con ellos a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o sistemas automatizados con mensajes pregrabados.

Cuando busques un plan, empieza siempre por el sitio web oficial del mercado federal, cuidadodesalud.gov (healthcare.gov).

Incluso si no vives en uno de los 29 estados en los que funciona el mercado federal, el sitio web proporciona el enlace a tu sitio oficial de inscripción cuando seleccionas tu estado, o el Distrito de Columbia, en una lista desplegable.

Los mercados estatales y el federal también tienen centros de llamadas y otras formas de obtener ayuda para la inscripción. Por ejemplo, el enlace “encuentre ayuda local” en cuidadodesaludgov, ofrece a los consumidores la posibilidad de encontrar asistentes o agentes de ventas cerca de sus domicilios.

¿Es un seguro real?

Otra preocupación: los reguladores han observado un aumento en las quejas de los consumidores sobre ofertas de coberturas de salud en las que se les exige que se afilien a una corporación de responsabilidad limitada o que den fe de que trabajan para una empresa concreta.

De hecho, al menos dos estados —Maryland y Maine—- han emitido advertencias, señalando que en lugar de una cobertura completa de ACA, a menudo se trata de productos que no pertenecen a ACA, y que equivalen a cosas como una mezcla de tarjetas de descuento o planes de indemnización limitada.

Este tipo de plan paga una cantidad fija —por ejemplo, $50 por una visita al médico o $1,000 por una hospitalización— y está pensado para reforzar una cobertura más completa, no para sustituirla.

“A diferencia de los planes medicos grandes, algunos de estos planes autofinanciados sólo cubren servicios preventivos, como un chequeo o un examen médico anual”, advierte la Oficina de Seguros de Maine.

Las primas podrían ser más altas… y otras novedades

Algunas aseguradoras reducirán las primas para 2025, pero muchas otras las aumentarán.

Aunque todavía no hay cifras oficiales, los expertos estiman un aumento promedio del 7% para las primas, según un análisis de KFF. La mayoría de las personas que compran cobertura médica en los mercados de seguros de ACA son elegibles para recibir subsidios para ayudar con las primas, lo que probablemente compensará gran parte del aumento, aunque el mayor costo significa que el gobierno pagará más por esos subsidios.

El aumento de los costos de salud —incluida la atención hospitalaria y la nueva clase de medicamentos para adelgazar— contribuye a este incremento.

Otros cambios en esta temporada:

—Las personas a menudo conocidas como “Dreamers” porque calificaron para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) —un programa federal que ofrece cierta protección a los traídos al país cuando eran niños sin documentación migratoria adecuada— ahora pueden inscribirse en la cobertura de ACA y son elegibles para los subsidios.

—Los planes de corto plazo, que técnicamente no son parte de la cobertura de ACA y no están sujetos a sus normas de beneficios y protecciones de beneficios preexistentes, pueden ser emitidos por sólo cuatro meses de cobertura, como máximo, según lo dispuesto por la administración Biden, que entró en vigencia  con planes que empezaron el 1 de septiembre.  Esto ha revocado una norma de la administración Trump que flexibilizaba los requisitos para permitir a las aseguradoras ofrecer una cobertura de hasta 364 días, con la opción de renovar las pólizas hasta por dos años más. Los planes existentes y los emitidos antes del 1 de septiembre no caen bajo las nuevas reglas. Pero los consumidores que contaban con períodos más largos deben comprobar los detalles de sus planes y considerar la posibilidad de cambiar a un plan de ACA para evitar una situación en la que su plan a corto plazo expire antes de tiempo o a mediados de año, arriesgándose así a no poder obtener otra cobertura por el resto del año.

El proceso de inscripción también podría alargarse

Este año, los reguladores federales han tenido que hacer frente a un número creciente de quejas —200,000 sólo en los primeros seis meses— de consumidores que estaban siendo inscritos o transferidos a otros planes de ACA sin su permiso por agentes que pretendían obtener comisiones.

Para evitarlo, se han establecido nuevas normas.

¿Qué significa esto para la mayoría de los consumidores? Si trabajas con un nuevo agente —uno que no estaba ya en la lista en tu plan de ACA— es probable que tengas que ser parte de una llamada con dos representantes del mercado federal para confirmar que autorizas a ese agente para hacer cambios en tu plan para el próximo año. Esto te llevará más tiempo. Nadie sabe lo ocupadas que estarán las líneas telefónicas durante la inscripción abierta.

No es necesario recurrir a un intermediario para inscribirse. Pero la búsqueda entre las docenas de opciones del mercado es un reto, por lo que la mayoría de las personas busca ayuda. Los consumidores deben sopesar no sólo el costo mensual de la prima, sino también las variaciones en deducibles y copagos por cosas como visitas al médico, hospitalización y medicamentos.

Compara precios

Los expertos señalan que otra consideración a tener en cuenta al elegir un plan es comprobar si tu red incluye los médicos y hospitales a los que sueles acudir, y si se cubren tus medicamentos recetados y cuánto cobran por ellos.

Para facilitar las comparaciones, hace dos años entraron en vigencia unas normas que obligan a las aseguradoras a incluir como opciones algunos “planes estandarizados”, que deben tener los mismos deducibles y costos por conceptos como visitas al médico, atención en urgencias y otros gastos compartidos por el consumidor.

Aun así, muchas personas disponen de docenas de opciones, lo que puede resultar desalentador.

Pero hay un consejo que no cambia: tanto si te inscribes por primera vez, como si ya tienes un plan, vale la pena comparar precios. Aunque no cambies de plan, puedes asegurarte de que el que tienes sigue siendo tu mejor opción.

En la mayoría de los estados, los consumidores deben inscribirse antes del 15 de diciembre para obtener cobertura a partir del 1 de enero. Atención a Idaho, donde la inscripción abierta empieza antes, el 15 de octubre, pero también termina antes, el 15 de diciembre. En California, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y el Distrito de Columbia, los residentes pueden inscribirse hasta el 31 de enero.

OAKLAND, California – El paciente tendría poco más de 60 años y era un hombre afroamericano con enfisema. El oxímetro colocado en la yema de su dedo registraba un nivel de saturación de oxígeno en sangre muy superior al 88%, el índice que indica un riesgo urgente de falla orgánica y muerte.

Sin embargo  su médica, Noha Aboelata, creyó que estaba más enfermo que lo que indicaba el aparato. Así que lo envió a hacerse unos análisis de laboratorio que confirmaron su sospecha: el hombre necesitaba oxígeno suplementario en casa.

Meses después, en diciembre de 2020, Aboelata volvió a pensar en su paciente mientras leía el New England Journal of Medicine. El artículo señalaba que los oxímetros de pulso tenían tres veces más probabilidades de no detectar niveles peligrosamente bajos de oxígeno en sangre en pacientes negros que en pacientes blancos.

En un momento en el que los estadounidenses de raza negra morían de covid a un ritmo elevado y los hospitales luchaban por encontrar camas y oxígeno para quienes los necesitaban, el hallazgo puso al descubierto uno de los ejemplos más flagrantes de racismo institucional en la atención médica estadounidense.

“Me pregunté si otros pacientes se me habrían pasado por alto”, reflexionó Aboelata, médica de familia y directora ejecutiva de Roots Community Health, con sede en Oakland.

Los colegas con quienes compartió el artículo tuvieron percepciones similares. “Sentimos mucha rabia y frustración porque teníamos todos los motivos para creer que podíamos confiar en este dispositivo pero nos dimos cuenta de que el oxímetro fallaba sistemáticamente en la población a la que atendíamos”, explicó.

Fiscales estatales y senadores de EE.UU. han presionado a la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para que tome medidas que ayuden a eliminar la desviación racial en los oxímetros de pulso.

Los funcionarios entienden que esto ha causado retrasos en los tratamientos y resultados desfavorables en la atención de salud. Más recientemente, esta falla del funcionamiento de los oxímetros de pulso también ha generado preocupación sobre la fiabilidad de las herramientas de Inteligencia Artificial en los hospitales, que dependen mucho de los datos que se obtienen de estos dispositivos.

La clínica de Aboelata ha demandado a los fabricantes y a los comercios que venden oxímetros, planteando la exigencia de que retiren estos dispositivos o por lo menos les agreguen advertencias de seguridad en las etiquetas. Muchos de sus pacientes dependen de la provisión de oxígeno domiciliario y para que el Medicare lo cubra es necesario brindar información precisa.

Sin embargo, eliminarlos no es una opción porque son fundamentales para el tratamiento de enfermedades cardíacas y pulmonares, la apnea del sueño y otras afecciones.

Desde la década de 1990, las cómodas pinzas en la yema de los dedos han sustituido en muchos usos a las lecturas de gases en sangre arterial, que son una referencia definitiva para determinar los niveles de oxígeno en sangre pero también son peligrosas si no se efectúan con cuidado.

Este año, los fabricantes de oxímetros de pulso venderán alrededor de $ 3.000 millones de estos pequeños aparatitos que se utilizan en casi todos los hospitales, clínicas y residencias para adultos mayores. Durante la pandemia, cientos de miles de estadounidenses los compraron para usarlos en su propio hogar.

Uno de ellos fue Walter Wilson, un empresario de 70 años que vive en San José, California. Wilson, que ha atravesado dos trasplantes de riñón desde el año 2000, contrajo covid en diciembre de 2023 pero retrasó la visita al médico porque los indicadores que veía en el oxímetro de pulso que utilizaba en su casa estaban en el rango normal.

“Soy un hombre negro, de piel oscura. Estaba muy enfermo. Si el oxímetro lo hubiera detectado, hubiera ido mucho antes al hospital”, explicó.

Wilson acabó de nuevo en diálisis tras varios años de estar con buena salud. Ahora quiere unirse a una demanda colectiva contra los fabricantes del dispositivo.

“Desde hace años saben que las personas con piel más oscura obtienen lecturas incorrectas”, dijo, “pero solo los probaron en personas blancas saludables”.

Después de dejar pasar el tiempo sin hacer mucho sobre este problema, en 2021 la FDA envió a los médicos un alerta de seguridad sobre los oxímetros de pulso. Por otra parte, financió investigaciones para mejorar los dispositivos y ha prometido publicar nuevas directrices sobre cómo fabricarlos.

Pero mientras la FDA trabajaba en un borrador de directrices, los médicos y los científicos no saben a qué atenerse. La agencia ha informado que recomendará a los fabricantes que prueben los nuevos oxímetros en más personas, y que incluyan un gran porcentaje de individuos con piel de pigmentación oscura.

Sin embargo, a causa de la resistencia que presentó la industria, los fabricantes de dispositivos no tendrán que probar los oxímetros en condiciones reales, según Michael Lipnick, anestesiólogo e investigador de la Universidad de California-San Francisco (UCSF).

Las personas hospitalizadas suelen estar deshidratadas y mostrar un flujo sanguíneo restringido en las extremidades. Esta situación, conocida como “baja perfusión” —es decir, mala circulación—, es especialmente habitual en las enfermedades cardiovasculares, que a la vez son más frecuentes entre los pacientes de raza negra.

La pigmentación y la mala perfusión “actúan conjuntamente para degradar el rendimiento de la pulsioximetría”, explicó Philip Bickler, director del Laboratorio de Investigación sobre la Hipoxia de la UCSF. “Durante la pandemia de covid, los pacientes negros llegaban al hospital en peores condiciones debido a todas las barreras a las que se enfrentan para acceder a la atención médica. Los recibíamos en un estado crítico y su perfusión era mucho menor”, añadió.

“No es probable que las directrices de la FDA obliguen a los fabricantes a medir el rendimiento de sus dispositivos en pacientes con mala perfusión. Por lo tanto, estos esfuerzos de la FDA podrían generar las condiciones para que los dispositivos funcionen correctamente en adultos sanos de piel oscura pero no creemos que logren solucionar el problema”, opinó Hugh Cassiere, que preside un panel del Comité Asesor de Dispositivos Médicos de la FDA, en una reunión del organismo en febrero.

Un historial de inacción

Aunque algunos estudios recientes que patrocinó la industria han demostrado que ciertos dispositivos funcionan correctamente en los distintos tonos de piel, investigaciones que se remontan a la década de 1980 han detectado discrepancias en la oximetría de pulso.

En 2005, Bickler y otros científicos del Laboratorio de Hipoxia publicaron pruebas de que tres de los principales dispositivos no detectaban de forma sistemática la hipoxemia (bajo nivel de oxígeno en sangre) en pacientes con pigmentación oscura, sobre todo en los que presentaban una grave falta de oxígeno. Tras señalar que estas lecturas podían ser cruciales para orientar el tratamiento, los autores pidieron que los oxímetros llevaran un alerta que advirtiera sobre esta dificultad.

La respuesta de la FDA fue poco significativa. La normativa que regula los oxímetros de pulso autoriza su venta siempre que demuestren una “equivalencia sustancial” con los dispositivos ya comercializados.

En un borrador de un documento orientativo de 2007, la FDA sugería que las pruebas de los nuevos oxímetros podían “incluir un número suficiente de sujetos con pigmentación oscura de la piel, por ejemplo, el 30%”. Sin embargo, la guía final, publicada en 2013, recomendó “al menos 2 sujetos con pigmentación oscura o el 15% de su grupo de personas, lo que sea mayor”. Los estudios debían tener solo 10 individuos. Y la agencia no definió “pigmentación oscura”.

Las pruebas de los dispositivos consisten en colocar a los pacientes máscaras que controlan los gases que respiran, al tiempo que se toman lecturas de oximetría de pulso y muestras de sangre arterial que se introducen en un dispositivo de medición de gran precisión, inventado por el difunto fundador del Laboratorio de Hipoxia, John Severinghaus.

Bickler, que cuando habla de las decenas de dispositivos que ha probado su laboratorio exhibe el irónico escepticismo de un avezado mecánico de automóviles, dijo que “no siempre se puede confiar en lo que dicen los fabricantes”.

Sus datos, aseguró, oscilan entre “completamente inexactos” y “obtenidos en condiciones absolutamente ideales, nada que ver con lo que sucede en el mundo real”.

Durante la pandemia, una organización médica benéfica se puso en contacto con el laboratorio para donar miles de oxímetros a países pobres. Los oxímetros que había elegido “no eran muy buenos”, explicaron. Después de eso, el laboratorio creó su propia página de calificaciones, una especie de Consumer Reports para oxímetros de pulso.

Según sus pruebas, algunos dispositivos costosos no funcionan con precisión; unos pocos aparatos de $35 son más eficaces que otros que cuestan $350. Según el sitio, más de un tercio de los dispositivos comercializados que ha probado el laboratorio no cumplen las normas actuales de la FDA.

Para investigar si las pruebas de los oxímetros en condiciones reales son viables, la FDA financió un estudio de la UCSF que ha reclutado a unos 200 pacientes en terapias intensivas. Los datos del estudio se están preparando para ser sometidos a una revisión de pares, con vistas a su publicación, según Bickler.

Bickler explicó que el laboratorio no calentó las manos de los pacientes antes de hacerles el estudio, una práctica habitual entre los fabricantes cuando prueban sus dispositivos. Dar calor a las manos asegura una mejor circulación en el dedo en donde se coloca el oxímetro.

“Afecta la relación señal/ruido”, afirma Bickler. “¿Recuerdas cuando las radios de los coches tenían emisoras AM y se oía mucha estática? Eso es lo que hace una perfusión deficiente: provoca ruido o estática que puede ocultar una señal clara del dispositivo”.

Los científicos del Laboratorio de Hipoxia —y los médicos que atienden en el mundo real— no calientan las manos de los pacientes. Pero “la gente de la industria no se pone de acuerdo sobre cómo manejarlo”, dijo.

Masimo, una empresa que dice tener los oxímetros de pulso más precisos del mercado cumpliría gustosamente cualquier directriz de la FDA, afirmó en una entrevista Daniel Cantillon, director médico de la compañía.

¿Cuánto cuesta solucionar el problema?

Los mejores dispositivos, según el Laboratorio de Hipoxia, cuestan $6.000 o más. Esto agrega otro problema.

Con oxímetros más precisos, “se va a reducir el acceso de los pacientes a los dispositivos porque una gran proporción de las personas simplemente no puede permitírselos”, dijo Lipnick.

Aunque la FDA no pueda complacer a todos, el requisito de incluir a más personas de piel oscura en las pruebas de oximetría “garantizará que haya una verdadera diversidad en el desarrollo y en las pruebas de esos dispositivos antes de que lleguen al mercado”, afirmó Lipnick. “Ese estándar ha sido demasiado bajo durante décadas”, agregó.

Es difícil evaluar el daño que puede causar en las personas las lecturas erróneas de los oxímetros, porque estos errores suelen ser un factor más en una cadena de incidentes. Pero estudios realizados en la Universidad Johns Hopkins y en otros centros indican que los pacientes a los que no se les detectó falta de oxígeno —posiblemente miles de personas— sufrieron demoras en el tratamiento y obtuvieron resultados más desfavorables.

Según Aboelata, algunos fabricantes, Zewa Medical Technology, Veridian Healthcare y Gurin Products, ya han respondido a la demanda de Roots Community Health incluyendo advertencias sobre las limitaciones de sus dispositivos.

No hay mucho que ella y otros médicos puedan hacer en la práctica diaria, dijo, aparte de establecer una lectura de referencia con cada nuevo paciente y estar atentos a consecuencias significativas.

Los hospitales tienen otras herramientas para medir los niveles de oxígeno, pero las lecturas correctas de los oxímetros son fundamentales para la atención ambulatoria, añadió.

En 2022, Connecticut promulgó una ley que prohíbe a las aseguradoras denegar la provisión de oxígeno a domicilio y otros servicios que se basan en las lecturas de la oximetría de pulso.

Pero “adaptarse a un dispositivo de mala calidad no es la solución”, aseguró Theodore Iwashyna, profesor de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins y coautor del artículo del New England Journal of Medicine. “La solución es trabajar con un dispositivo menos inexacto”.

OAKLAND, Calif. — The patient was in his 60s, an African American man with emphysema. The oximeter placed on his fingertip registered well above the 88% blood oxygen saturation level that signals an urgent risk of organ failure and death.

Yet his doctor, Noha Aboelata, believed the patient was sicker than the device showed. So she sent him for a lab test, which confirmed her suspicion that he needed supplemental oxygen at home.

Months later, in December 2020, Aboelata thought back to her patient as she read a New England Journal of Medicine article showing that pulse oximeters were three times as likely to miss dangerously low blood oxygen levels in Black patients as in white ones. At a time when Black Americans were dying of covid at high rates and hospitals struggled to find beds and oxygen for those needing them, the finding exposed one of the most blatant examples of institutional racism in American health care.

“I was like, ‘Were there other patients I missed?” said Aboelata, a family physician and the CEO of Oakland-based Roots Community Health. As she shared the article with colleagues, “there was so much anger and frustration because we had every reason to believe we could rely on this device, and it was systematically not working in the population that we served.”

State attorneys general and U.S. senators have pressed the FDA to take steps to eliminate pulse oximetry’s racial bias, which has caused delays in treatment and worse health outcomes, and more recently has raised concern about the reliability of hospital AI tools that draw on reams of data from the devices.

Aboelata’s clinic has sued producers and stores that sell oximeters, demanding they pull the devices or add safety warnings to the labels. Many of her patients rely on home oxygen, which requires accurate readings for Medicare to cover.

But getting rid of the devices, central to care for heart and lung diseases, sleep apnea, and other conditions, isn’t an option.

Since the 1990s, the convenient fingertip clamps have come to stand in for many uses of arterial blood gas readings, which are the gold standard for determining oxygen levels but dangerous if not done carefully. Makers of oximeters will sell around $3 billion of them this year because they are used in nearly every hospital, clinic, and long-term care facility. During the pandemic, hundreds of thousands of Americans bought them for home use.

One of them was Walter Wilson, a 70-year-old businessman in San Jose who has had two kidney transplants since 2000. Wilson contracted covid last December but delayed visiting a doctor because his home pulse oximetry readings were in the normal range.

“I’m a dark-complected Black guy. I was very sick. Had the oximeter picked that up I would have gotten to the hospital sooner,” he said.

Wilson ended up back on dialysis after several years of good health. Now he’s looking to join a class action lawsuit against the device manufacturers.

“They’ve known for years that people with darker skin get bad readings,” he said, “but they tested them on healthy white people.”

After years of little action on the issue, the FDA in 2021 sent a safety warning to doctors about oximeters. It has also funded research to improve the devices and promised to issue new guidelines for how to make them.

But as the FDA polishes draft guidelines it had hoped to publish by Oct. 1, clinicians and scientists are unsure what to expect. The agency has indicated it will recommend that manufacturers test new oximeters on more people, including a large percentage with dark-pigmented skin.

Because of industry pushback, however, the guidance isn’t expected to ask device makers to test oximeters under real-world conditions, said Michael Lipnick, a University of California-San Francisco anesthesiologist and researcher.

Hospitalized people are often dehydrated, with restricted blood flow to their extremities. This condition, known as low perfusion — essentially, poor circulation — is particularly common with cardiovascular disease, which is more prevalent in Black patients.

Pigmentation and poor perfusion “work together to degrade pulse oximetry performance,” said Philip Bickler, who directs the Hypoxia Research Lab at UCSF. “During covid, Black patients showed up sicker because of all the barriers those patients face in accessing health care. They’re showing up on death’s door, and their perfusion is lower.”

The FDA guidance isn’t expected to require manufacturers to measure how well their devices perform in patients with poor perfusion. All this means that the FDA’s efforts could lead to devices that work in healthy dark-skinned adults but do “not fix the problem,” said Hugh Cassiere, who chairs a panel for the FDA’s Medical Devices Advisory Committee, at its February meeting.

A History of Inaction

Although some recent industry-sponsored studies have shown that certain devices work across skin tones, research dating to the 1980s has found discrepancies in pulse oximetry. In 2005, Bickler and other scientists at the Hypoxia Lab published evidence that three leading devices consistently failed to detect hypoxemia in darkly pigmented patients — especially those who were severely oxygen-depleted. Noting that these readings could be crucial to directing treatment, the authors called for oximeters to carry warnings.

The FDA’s response was modest. Its regulatory pathway for pulse oximeters clears them for sale as long as they show “substantial equivalence” to devices already on the market. In a 2007 draft guidance document, the FDA suggested that tests of new oximeters could “include a sufficient number of subjects with dark skin pigmentation, e.g., 30%.” However, the final guidance, issued in 2013, recommended “at least 2 darkly pigmented subjects or 15% of your subject pool, whichever is larger.” The studies were required to have only 10 subjects. And the agency did not define “dark-pigmented.”

Testing the devices involves fitting patients with masks that control the gases they breathe, while simultaneously taking pulse oximetry readings and samples of arterial blood that are fed into a highly accurate measuring device, invented by the Hypoxia Lab’s late founder, John Severinghaus.

Bickler, who evinces the bemused skepticism of a seasoned car mechanic when discussing the scores of devices his lab has tested, said “you can’t always trust what the manufacturers say.”

Their data, he said, ranges from “completely inaccurate” to “obtained under absolutely ideal conditions, nothing like a real-world performance.”

During the pandemic, a medical charity approached the lab about donating thousands of oximeters to poor countries. The oximeters it had chosen “weren’t very good,” he said. After that, the lab set up its own ratings page, a kind of Consumer Reports for pulse oximeters.

According to its tests, some expensive devices don’t work; a few of the $35 gadgets are more effective than competitors costing $350. Over a third of the marketed devices the lab has tested don’t meet current FDA standards, according to the site.

To investigate whether real-world tests of oximeters are feasible, the FDA funded a UCSF study that has recruited about 200 intensive care unit patients. The data from the study is being prepared to undergo peer review for publication, Bickler said.

He said the lab did not warm the hands of patients in the study, which is the customary practice of manufacturers when they test their devices. Warming assures better circulation in the finger the device is attached to.

“It affects the signal-to-noise ratio,” Bickler said. “Remember when car radios had AM stations, and you’d get a lot of static? That’s what poor perfusion does — it causes noise, or static that can obscure a clear signal from the device.”

Hypoxia Lab scientists — and doctors in the real world — don’t warm patients’ hands. But “the industry people can’t agree on how to handle it,” he said.

Masimo, a company that says it has the most accurate pulse oximeters on the market, would happily comply with any FDA guidance, Daniel Cantillon, Masimo’s chief medical officer, said in an interview.

How Much To Fix the Problem?

The very best devices, according to the Hypoxia Lab, cost $6,000 or more. That points to another problem.

With better accuracy, “you are going to reduce patient access to devices for a large proportion of the world that simply can’t afford them,” Lipnick said.

Even if the FDA can’t please everyone, its anticipated call for more people with darker skin in oximetry tests will “assure there’s real diversity in the development and testing of those devices before they come to market,” Lipnick said. “That bar has been too low for decades.”

It is difficult to assess harm to individuals from faulty oximeter readings, because these errors are often one factor in a chain of events. But studies at Johns Hopkins University and elsewhere indicated that patients whose oxygen depletion wasn’t noticed — possibly thousands of them — had delayed treatment and worse outcomes.

Already, Aboelata said, a few manufacturers — Zewa Medical Technology, Veridian Healthcare, and Gurin Products — have responded to the Roots Community Health lawsuit by including warnings about their devices’ limitations.

There’s not much she and other clinicians can do in daily practice, she said, other than establish a baseline reading with each new patient and be on the lookout for notable drops. Hospitals have other tools to check oxygen levels, but correct readings are critical for outpatient care, she said. In 2022, Connecticut enacted a law banning insurers from denying home oxygen or other services based solely on pulse oximetry readings.

But “adapting around the crappy device isn’t the solution,” said Theodore Iwashyna, the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health professor who co-authored the New England Journal of Medicine article. “A less crappy device is the solution.”

The Host

Recent comments from former President Donald Trump and Republican lawmakers preview potential health policy pursuits under a second Trump administration. Trump is yet again eyeing changes to the Affordable Care Act, while key lawmakers want to repeal Medicare drug price negotiations.

Also, this week brought news of the first publicly reported death attributed to delayed care under a state abortion ban. Vice President Kamala Harris said the death shows the consequences of Trump’s actions to block abortion access.

This week’s panelists are Emmarie Huetteman of KFF Health News, Joanne Kenen of Politico and the Johns Hopkins University’s schools of nursing and public health, Tami Luhby of CNN, and Shefali Luthra of The 19th.

Plus, for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too: 

Emmarie Huetteman: The Washington Post’s “What Warning Labels Could Look Like on Your Favorite Foods,” by Lauren Weber and Rachel Roubein. 

Shefali Luthra: KFF Health News’ “At Catholic Hospitals, a Mission of Charity Runs Up Against High Care Costs for Patients,” by Rachana Pradhan. 

Tami Luhby: Politico Magazine’s “Doctors Are Leaving Conservative States To Learn To Perform Abortions. We Followed One,” by Alice Miranda Ollstein. 

Joanne Kenen: The New York Times’ “This Chatbot Pulls People Away From Conspiracy Theories,” by Teddy Rosenbluth, and The Atlantic’s “When Fact-Checks Backfire,” by Jerusalem Demsas. 

Also mentioned on this week’s podcast:

ProPublica’s “Abortion Bans Have Delayed Emergency Medical Care. In Georgia, Experts Say This Mother’s Death Was Preventable,” by Kavitha Surana.

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CLARKSBURG, California. – En una soleada mañana de agosto, en este pueblo agrícola, antes que las temperaturas se dispararan hasta los 103 grados Fahrenheit, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, Xavier Becerra, se paró frente a la pequeña biblioteca pública.

Becerra venía a hablar de los esfuerzos de la administración Biden para proteger a los trabajadores agrícolas del calor extremo y del humo de los incendios forestales, dos problemas de salud pública emergentes en primera línea de la crisis climática.

“Todavía no existen suficientes protecciones para los trabajadores que cosechan los alimentos que comemos”, dijo Becerra a un grupo de periodistas locales y funcionarios del gobierno, que superaban en número a los trabajadores agrícolas presentes en la audiencia.

Becerra, cuyo padre trabajó en el campo, venía de visitar a unas mujeres que recogen uvas y se protegen del sol vistiéndose con jerséis, pantalones largos y pañuelos que les cubren la nariz y la boca.

Los veranos son largos e intensos en Clarksburg, un pueblo de unos 300 habitantes a orillas del río Sacramento, que abastece a la industria vitivinícola de California con uvas petite sirah, sauvignon blanc y otras, cosechadas por cientos de trabajadores.

“Va a ser un día caluroso”, añadió Becerra. “Pero siguen vestidos como si fuera invierno”.

El máximo responsable de salud del país, que está barajando la posibilidad de postularse para gobernador, se ha convertido en una de las voces principales de la administración Biden sobre el cambio climático.

Becerra centra su atención en los trabajadores de bajos ingresos y en otros sectores vulnerables, que son los que sufren con mayor intensidad los efectos de las condiciones meteorológicas extremas.

En marzo, el HHS publicó directrices de seguridad voluntarias y materiales educativos que los establecimientos agrícolas pueden usar para proteger a sus trabajadores del humo y del calor.

La presencia de Becerra ante los periodistas frente a la biblioteca fue breve y se programó con motivo del Día de Apreciación de los  Trabajadores Agrícolas, no lejos de su casa de Sacramento, donde su esposa, médica especializada en embarazos de alto riesgo, sigue trabajando.

El funcionario anunció que han publicado materiales educativos sobre los riesgos de las enfermedades relacionadas con el calor excesivo, que señalan cuándo las temperaturas pueden ser demasiado altas para trabajar. Pero admitió que el HHS tiene límites para poder intervenir porque los controles en los lugares de trabajo están bajo la supervisión del Departamento de Trabajo.

“En general, la jurisdicción de nuestra secretaría no abarca directamente a los trabajadores del campo”, reconoció Becerra tras reunirse con los recolectores de uva. “Sin embargo, les debemos a todas las personas que trabajan para poner los alimentos sobre nuestra mesa el mayor esfuerzo posible para que realicen sus tareas en las condiciones más seguras”, agregó.

Los asistentes de Becerra distribuyeron un comunicado de prensa en el que se enumeraba una serie de recursos disponibles, como inspecciones gratuitas sobre salud en el lugar de trabajo, por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). También la capacitación sobre los peligros del calor y el humo que imparte el Programa de Capacitación para Trabajadores del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Medioambiental.

También que la Administración de Recursos y Servicios de Salud tiene previsto otorgar premios por valor de $50 millones a 77 proveedores de salud en áreas de alta necesidad.

El cambio climático está aumentando la frecuencia e intensidad del calor extremo, que ya es la primera causa de muerte por razones meteorológicas en el país, sin contar que la temperatura aviva los incendios forestales en todo el país.

Si bien no existe un recuento oficial de las muertes de trabajadores agrícolas por causas vinculadas al clima, los fallecimientos relacionadas con el calor han aumentado en los últimos años, pasando de 1,722 en 2022 a cerca de 2,300 el año pasado.

En julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó una propuesta de reglamentación de seguridad contra el calor en los lugares de trabajo que exigiría que los empleadores proporcionen descansos, agua y sombra o aire acondicionado a los trabajadores que están expuestos al calor excesivo.

Sin embargo, es probable que la norma definitiva tarde años en aprobarse. Tampoco está claro si reemplazaría a las regulaciones estatales.

Cinco estados tienen protecciones de seguridad contra el calor para los trabajadores que trabajan al aire libre o en interiores. En California, por ejemplo, los empleadores deben brindar agua, áreas para refrescarse y descansos a los trabajadores cuando las temperaturas alcanzan los 82 grados Fahrenheit en interiores y 80 en exteriores.

Los otros estados son Colorado, Minnesota, Oregon y Washington, y se espera que este año Maryland apruebe una norma de seguridad similar.

Aunque Becerra mencionó que los estados pueden crear sus propias regulaciones, una norma de seguridad federal contra el calor ofrecería protecciones a nivel nacional.

Y obligaría a estados como Florida y Texas, cuyos gobernadores republicanos han aprobado leyes que prohíben las regulaciones de seguridad contra el calor, a cumplir con estándares mínimos.

Becerra espera que los estados se acojan a los programas que ofrece el HSS, aunque sean opcionales. Incluso en California, que tiene una de las normas de protección contra el calor más estrictas del país, los trabajadores podrían beneficiarse.

La trabajadora agrícola Lizbeth Mastache, que se reunió en privado con Becerra antes de la presentación, dijo que los días que pasa en los campos recogiendo uvas envuelta en el humo de los incendios forestales y el calor extremo no sólo son cada vez más frecuentes, sino que también la están enfermando.

Ha sufrido dolores de cabeza, fatiga y náuseas debido al calor, y tuvo que ir a la sala de emergencias después de que el cielo lleno de humo le provocara un ataque de asma. Ella y otros trabajadores agrícolas le dijeron a Becerra que necesitan tener licencia por enfermedad garantizada para cuidarse cuando el humo y el calor los enferman, además de un seguro médico accesible.

“Tuve que trabajar recogiendo uvas durante los incendios forestales y no nos dieron máscaras”, dijo Mastache, que es trabajadora agrícola desde hace 14 años.

La mujer también dijo que algunas granjas no han permitido el ingreso de los agentes comunitarios que hacen tareas de prevención. Su propósito era informar a los trabajadores acerca de cómo prevenir las enfermedades causadas por el calor extremo.

Eso es un problema porque muchos trabajadores estacionales, que se desplazan por trabajo entre distintos estados, no saben que California exige a los empleadores que les proporcionen a sus empleados agua, descansos y formación.

Hace unos tres años, investigadores del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California-Merced hallaron que el 15% de los trabajadores agrícolas de California no recibían los descansos mínimos, y más del 40% dijo que la empresa nunca le había brindado un plan de prevención de enfermedades causadas por el calor extremo.

Sin embargo, más de un tercio de los trabajadores agrícolas entrevistados dijeron que no presentarían una denuncia contra su empleador, la mayoría de ellos por temor a represalias.

El California Farm Bureau, que representa a unos 29.000 agricultores, ha refutado las conclusiones del Centro Comunitario y Laboral. Afirman que entre los trabajadores empleados por sus socios se produjeron pocos casos de enfermedades causadas por el calor excesivo.

Bryan Little, director de políticas de empleo del Bureau, afirmó que su organización ha capacitado a cientos de agricultores y ganaderos sobre cómo proteger a los trabajadores de las enfermedades causadas por el calor extremo, por ejemplo, garantizando la provisión de agua e instalando espacios portátiles con sombra en el campo, para que los empleados se refresquen.

“Están actuando todos los días para tratar de evitar que las personas se expongan a estos riesgos, en la medida de lo posible”, dijo Little.

Aunque defensores de los trabajadores agrícolas agradecen a Becerra que resalte los impactos dañinos y a veces fatales del calor y el humo que generan los incendios forestales, también les preocupa que los fondos federales no lleguen a los más necesitados.

Por ejemplo, no existen garantías de que gran parte de los $50 millones destinados a los proveedores de atención médica vayan a los centros de salud que atienden a los trabajadores agrícolas, dijo Amy Liebman, directora de programas de la Red de Médicos Clínicos Migrantes, que ha trabajado en la seguridad y la salud de los migrantes durante más de dos décadas.

“Necesitamos asegurarnos de que nuestros centros de salud y nuestros médicos estén preparados”, dijo Liebman. “Eso significa que tiene que haber un cambio no solo en el enfoque sino también en parte de la financiación destinada a ello”.

Cuando Becerra dejó la tarima, cubierto con el cartel “Proteger a las comunidades del calor extremo”, entró en la biblioteca y minutos después partió hacia Stockton para ocuparse del siguiente tema: que bajen los precios de los medicamentos recetados. Lo acompañaba el congresista demócrata Josh Harder, que representa a un competitivo distrito del Congreso del Valle Central.

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Esta historia fue producida por KFF Health News, que publica California Healthline, un servicio editorialmente independiente de la California Health Care Foundation.

CLARKSBURG, Calif. — On a sunny August morning in this agricultural town, before temperatures soared to 103 degrees, U.S. Health and Human Services Secretary Xavier Becerra stood outside the small public library.

He came to talk about the Biden administration’s efforts to protect farmworkers from extreme heat and wildfire smoke, two emerging public health issues at the forefront of the climate crisis.

“There are still not enough protections for workers that are picking the food that we eat,” Becerra told a group of local reporters and government officials, who outnumbered the farmworkers in the audience.

Becerra, whose father worked in the fields, had just come from visiting women picking grapes who protect themselves from the sun by dressing in sweaters, long pants, and kerchiefs that cover their noses and mouths. The summers are long and intense in Clarksburg, a town of about 300 people along the Sacramento River that supplies California’s wine industry with petite sirah, sauvignon blanc, and other grapes harvested by hundreds of farmhands.

“It’s going to be a hot day,” he added. “But they are still dressed as if it were winter.”

The nation’s top health officer, who is mulling a run for governor, has emerged as one of the Biden administration’s leading voices on climate change, focusing attention on low-income and other marginalized workers, who feel the impacts of extreme weather the most. In March, HHS released voluntary safety guidelines and educational materials that farms can use to protect their workers from smoke and heat.

Becerra’s appearance before reporters in front of the library was brief and scheduled to mark Farmworker Appreciation Day, not far from his home in Sacramento, where his wife, a doctor specializing in high-risk pregnancies, remains at work. He advertised the educational materials on the risks of heat illness and when temperatures might be too high to work. But he acknowledged that there is only so much he can do because workplace protections are overseen by the Department of Labor.

“Much of our jurisdiction doesn’t reach those workers directly,” Becerra acknowledged after meeting with grape pickers. “We owe everyone who is working to put food on our table the best effort to make sure that they are working under the safest conditions.”

His aides distributed a press release that listed a number of resources, including free workplace health investigations by the Centers for Disease Control and Prevention’s National Institute for Occupational Safety and Health; a training on the dangers of heat and smoke from the National Institute of Environmental Health Sciences Worker Training Program; and planned awards to 77 health care providers in high-need areas, totaling $50 million, from the Health Resources and Services Administration.

Climate change is increasing the frequency and intensity of extreme heat, which is already the No. 1 weather-related killer in the U.S., as well as fueling wildfires across the nation. There’s no official count of farmworker deaths from weather, but heat-related deaths have increased in recent years, jumping from 1,722 in 2022 to about 2,300 last year.

The U.S. Department of Labor in July released a proposed workplace heat standard that would require employers to give rest breaks, water, and shade or air conditioning to workers exposed to excessive heat, but a final rule is likely years away. It’s unclear if it would supersede state regulations.

Five states have heat safety protections for workers in outdoor or indoor settings. In California, for instance, employers must provide water, cool-down areas, and breaks to workers when temperatures hit 82 degrees indoors and 80 degrees outdoors. The other states are Colorado, Minnesota, Oregon, and Washington, and Maryland is expected to finalize a heat standard this year.

While Becerra said states can create their own workplace safety regulations, a federal heat safety standard would offer protections nationwide, forcing states like Florida and Texas — whose Republican governors have signed laws banning heat safety protections — to comply with minimum standards.

Becerra is hoping states will tap into the programs his health department is offering even though they are optional. Even in California, which has one of the country’s toughest heat protection standards, workers could benefit.

Lizbeth Mastache, who met privately with Becerra beforehand, said the days she spends in the fields picking grapes shrouded in wildfire smoke and extreme heat are not only becoming more frequent, but they are also making her sick.

She has had headaches, fatigue, and nausea from the heat, and has gone to the emergency room after smoky skies triggered her asthma. She and other farmworkers told Becerra they need guaranteed sick leave — to care for themselves when the smoke and heat sickens them — and affordable health insurance.

“I had to work picking grapes during the wildfires and they didn’t give us masks,” said Mastache, a farmworker for the past 14 years.

She said some farms haven’t allowed outreach workers onto their property to educate workers about how to prevent heat illness.

That’s a problem when many seasonal workers, who move for work among different states, don’t know that California requires employers to provide water, breaks, and training.

About three years ago, researchers at the University of California-Merced’s Community and Labor Center found that 15% of California farmworkers did not receive minimum rest breaks, and over 40% said their employer never provided a heat illness prevention plan. More than a third of farmworkers said they would not file a report against their employer, most of them for fear of retaliation.

The California Farm Bureau, which represents about 29,000 farmers, disputes the center’s findings, saying there have been few cases of heat illness among its members’ workers. Bryan Little, director of employment policy at the bureau, said his organization has trained hundreds of farmers and ranchers on how to protect workers from heat illness, such as by providing water and portable shaded spaces in the field for employees to cool off.

“They’re doing things every day to try to make sure that we can avoid exposing human beings to these risks, to the greatest extent that we can,” Little said.

While farmworker advocates praise Becerra for drawing attention to the harmful and sometimes fatal impacts of heat and wildfire smoke, they worry federal dollars won’t reach the most vulnerable. For example, there’s no guarantee much of that $50 million earmarked for health care providers will go to health care centers that serve farmworkers, said Amy Liebman, a chief program officer at the Migrant Clinicians Network, who has worked in migrant safety and health for over two decades.

“We need to make sure that our health centers are prepared and our clinicians are prepared,” Liebman said. “So that means that there needs to be a shift in terms of not just this emphasis, but some of the funding for it.”

As Becerra left his podium, covered with the sign “Protecting Communities From Extreme Heat,” he disappeared into the library and minutes later departed for Stockton to champion the next issue — lower prescription drug prices — with Democratic Rep. Josh Harder, who represents a competitive Central Valley congressional district.

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The Host

Minnesota Gov. Tim Walz is Vice President Kamala Harris’ choice of running mate. Walz — also a former U.S. congressman, high school teacher, and member of the National Guard — has a folksy, Midwestern affect and a liberal record. He has signed bills expanding abortion rights and medical care for transgender people as governor and represented a swing district in the House of Representatives.

Meanwhile, the number of abortions taking place in the U.S. since the overturn of Roe v. Wade continued to rise into early this year, according to a new study. That is frustrating abortion opponents, who are seeking more ways to bring the numbers down, even if it means barring pregnant women from traveling to other states.

This week’s panelists are Julie Rovner of KFF Health News, Sandhya Raman of CQ Roll Call, and Shefali Luthra of The 19th.

Panelists

Among the takeaways from this week’s episode:

• Walz has been active on health issues, including capping insulin prices, codifying access to abortion and gender-affirming care, and supporting veterans’ health, as well as challenging hospital consolidation efforts. In fact, the similarities between him and Harris highlight unity among Democrats on key health issues.
• Meanwhile, the GOP vice presidential nominee, Sen. JD Vance of Ohio, said in an interview that reforming the Affordable Care Act would still be on the table if Trump were reelected, though he did not elaborate. The lack of specificity in the GOP’s plans leaves a lot unknown about what a second Trump administration would do with health policy.
• A recent report shows the number of abortions continued to rise amid restrictions. How? Telehealth is a major reason for the trend. And a separate report shows hundreds of millions in taxpayer dollars have been funneled to crisis pregnancy centers since the overturn of Roe v. Wade, reflecting an effort in conservative state legislatures to steer funding to centers that discourage abortion.
• And Congress has departed for its August recess without funding the federal government, again. Those eyeing other must-pass legislation, such as extended telehealth flexibilities and pharmacy benefit manager reform, are banking on the lame-duck session after the election.

Plus, for “extra credit,” the panelists suggest health policy stories they read this week that they think you should read, too:

Julie Rovner: JAMA Internal Medicine’s “Health, Access to Care, and Financial Barriers to Care Among People Incarcerated in US Prisons,” by Emily Lupton Lupez; Steffie Woolhandler; David U. Himmelstein; et al.

Shefali Luthra: KFF Health News’ “Inside Project 2025: Former Trump Official Outlines Hard Right Turn Against Abortion,” by Stephanie Armour.

Sandhya Raman: The War Horse’s “‘I Had a Body Part Repossessed’: Post-9/11 Amputee Vets Say VA Care Is Failing Them,” by Hope Hodge Seck.

Also mentioned on this week’s podcast:

• ProPublica’s “Texas Sends Millions to Crisis Pregnancy Centers. It’s Meant To Help Needy Families, But No One Knows if It Works,” by Cassandra Jaramillo, Jeremy Kohler, and Sophie Chou, ProPublica, and Jessica Kegu, CBS News.
• Vox’s “Free Medical School Won’t Solve the Doctor Shortage,” by Dylan Scott.
• Stat’s “How UnitedHealth Turned a Questionable Artery-Screening Program Into a Gold Mine,” by Casey Ross, Lizzy Lawrence, Bob Herman, and Tara Bannow.
• The Wall Street Journal’s “The One-Hour Nurse Visits That Let Insurers Collect $15 Billion From Medicare,” by Anna Wilde Mathews, Christopher Weaver, Tom McGinty, and Mark Maremont.

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Health insurance agents who fraudulently enroll consumers in Affordable Care Act health plans could be subject to criminal charges — and civil penalties of $10,000 to $200,000 — under legislation introduced Wednesday by Sen. Ron Wyden (D-Ore.), chairman of the powerful Senate Finance Committee.

Wyden first promised the bill in May, when he called on federal regulators to do more to combat sketchy Obamacare enrollment schemes. Often, consumers who are targeted don’t know they’ve been enrolled or that their coverage has been switched to a new plan until they lose access to preferred doctors, learn they have different deductibles, or find they owe taxes for ACA insurance premium subsidies.

The schemes exploit the federal health insurance enrollment system, which requires only minimal proof of identity — a name, birth date, and state — for a broker to create or access an account. The lure is monthly commissions paid by insurance companies — amounts that are only about $25 per person but can add up when multiplied across transactions.

“It is critical for these bad actors to be held criminally responsible and implement common sense consumer protections so working families can confidently purchase quality, affordable health insurance that works for them through honest brokers,” Wyden said in a statement.

The Centers for Medicare & Medicaid Services said July 19 that more than 200,000 people have complained about unauthorized Obamacare enrollment or plan switches this year.

KFF Health News began reporting on Affordable Care Act enrollment schemes this spring.

CMS’ directive last week also detailed new rules aimed at thwarting the problem by blocking agents from making changes to consumers’ coverage unless they are already “associated” with that policyholder’s account, or take other steps to verify that they have consumers’ permission.

Wyden’s proposal, co-sponsored by Democratic Sens. Sherrod Brown of Ohio, Tammy Duckworth of Illinois, Patty Murray of Washington, Brian Schatz of Hawaii, and Chris Van Hollen of Maryland, would call on federal regulators to begin verifying that consumers have granted consent to brokers for ACA enrollment or plan switches, and to notify consumers whenever a change is made to their accounts or coverage.

The civil penalties would range from at least $10,000, in cases of straightforward negligence, to as much as $200,000 for agents who “knowingly and willfully” submit fraudulent information.

Wyden’s bill faces a seemingly impossible climb, landing in a very polarized Senate during an election year.

But next year, the ACA will be in the spotlight as Congress must decide whether to extend beyond 2025 enhanced subsidies that help people purchase coverage. Increased subsidies were instituted under the Biden administration at the height of the pandemic and are considered a key factor behind recent record ACA enrollment.

Some Republican lawmakers have demanded investigations of ACA enrollment-switching schemes, which they allege may be part of a larger problem of brokers or consumers misstating their incomes to garner insurance subsidies. Obamacare supporters say the complaint is a partisan effort to stop the enhanced subsidies from becoming permanent.

Sen. Chuck Grassley (R-Iowa) sent a letter July 8 to CMS questioning how federal regulators verify incomes for those who get subsidies and what enforcement efforts are underway related to potential ACA subsidy fraud.

Wyden’s office said his proposal is supported by some insurers and agent groups, including AHIP, the trade association for insurance companies; individual insurers like Centene Corp.; and several disease-specific patient advocacy groups, including the Leukemia & Lymphoma Society, the American Cancer Society Cancer Action Network, and the National Multiple Sclerosis Society.

Health Agents for America, a group that has sought solutions to the issue, supports criminal charges for agents found to be falsely enrolling or switching consumers but stopped short of endorsing Wyden’s bill. Ronnell Nolan, its president and CEO, said her organization would like to see more effort “to hold CMS responsible” for allowing what she views as security loopholes in private sector enrollment websites, and in enforcement actions against bad actors.

“The bottom line is to stop fraud and help the consumer,” she said.

In a July 19 letter to Wyden’s office, CMS Administrator Chiquita Brooks-LaSure outlined steps the agency has taken to increase “oversight of agents and brokers to protect consumers” — including suspending 200 agents in recent weeks from enrolling clients in Obamacare plans.

“The numbers being addressed are very low,” said Nolan, who suspects it isn’t just individual rogue agents seeking commissions by changing ACA enrollments, but a larger effort using automation to rapidly enroll or switch consumer policies.

Nolan and other agents say federal regulators should simply require private Obamacare enrollment sites to add layers of security before agents can access consumer accounts.

Eighteen states and the District of Columbia run their own ACA marketplaces and require additional security measures, including two-factor authentication, before consumer accounts can be accessed. Two-factor authentication, a common internet security feature, requires people to enter a code — usually sent to their phones — before accessing accounts at banks, social media platforms, and many other services.

The state-run enrollment sites report far fewer problems than the federal marketplace, Nolan and others say. If CMS simply added two-factor authentication to healthcare.gov, Nolan said, “all these other shenanigans would not happen.”

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